Mediante sendos decretos del Poder Ejecutivo se procedió, por un lado, a disolver la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), mientras que, por otro, se creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, que actuará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y cuyo titular presidirá el nuevo organismo, que además integran el ministro de Agricultura, el de Industria, el secretario de Comercio Interior y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Si bien la disolución de la Oncca podría parecer una decisión saludable, nos encontramos ante una medida gatopardista, ante un cambio que, en esencia, sólo cambia los actores, pero no las políticas. Para poder hablar de un cambio sería preciso que, en principio, las funciones regulatorias de la Oncca no sean transferidas al Ministerio de Agricultura o a la nueva unidad mencionada más arriba.

La Oncca nació en 1996 con el propósito de ejercer controles sobre las desbocadas evasiones impositivas y previsionales del sistema agropecuario. Nueve años después, ya bajo la administración kirchnerista, sus atribuciones fueron ampliadas con desbordantes facultades de intervención en los mercados y actividades agrarias.

Se abrió así el camino para establecer cupos de exportación de carnes, maíz y trigo; se implantó el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) -verdaderos permisos para exportar-; se sustrajeron misiones de la cartera agrícola para administrar la cuota Hilton de carnes vacunas, y se sancionaron subsidios a la producción de ganado vacuno. Se terminó conformando un elefante blanco. De la mano de estas decisiones, se denunciaron actos de corrupción.

La decisión de disolver la Oncca debería ser vista como apropiada. Sin embargo, resta conocer cuáles serán las actividades que pasarán al Ministerio de Agricultura y cuáles a las de la ahora creada unidad de coordinación y evaluación de los subsidios al consumo interno. Según el texto del nuevo y curioso engendro, se suman a los subsidios otras actividades, como la administración de los ROE, con los cuales se puede abrir y cerrar la canilla del comercio exterior, reiterando la posibilidad de discriminaciones.

Respecto de la corrupción reinante en la Oncca, es imperioso un decidido accionar para identificar y sancionar las fuentes de sucios negocios. Y es preciso que la Justicia, que lleva adelante varias investigaciones sobre esos delitos ocurridos en el organismo ahora desaparecido, tome los recaudos necesarios para que esa medida no se traduzca en la pérdida de importante documentación probatoria de los hechos ilícitos, porque entonces tendríamos la respuesta a la misteriosa razón de la desaparición de la Oncca.