| A tres años del conflicto más costoso que debió enfrentar el Gobierno de Cristina Kirchner, algunos funcionarios pretenden volver a colocar sobre la arena política el controvertido sistema de retenciones móviles. La ofensiva (en caso de plantearse) formaría parte de un ambicioso “plan de seguridad alimentaria”, que incluiría otras medidas que propician mayor intervención estatal en el comercio de alimentos. Las supuestas medidas en estudio fueron adelantadas ayer por el diario Página/12. Deben tomarse con pinzas, ya que el Ministerio de Agricultura negó que sus técnicos estuviesen trabajado en un paquete de semejante tenor. El artículo citó un informe de la Secretaría de Política Económica. No resulta descabellado pensar que en la cima del poder alguien esté revisando la política estatal para controlar el precio interno de los alimentos , ya que los valores internacionales de los granos están hoy rozando los récords logrados en 2008. Además, la imprevista disolución de la ONCCA obligó a repensar las herramientas del Estado para intervenir sobre el sector. La mayor responsabilidad recae hoy sobre el ministro de Economía, Amado Boudou. En este contexto, trascendieron las principales líneas de acción del pretendido plan de “seguridad alimentaria”, un término acuñado por los sectores más proclives a una mayor intervención . “En el Gobierno se trabaja sobre un nuevo sistema de retenciones móviles que estabilice los ingresos de los productores a la vez que permita que el Estado capte parte de la renta extraordinaria que deviene del fuerte incremento de los precios”, informó el diario. A diferencia del frustrado intento de 2008, que duró solo cuatro meses, se aclara que será un proyecto propuesto al Congreso, y que además tendría en cuenta los costos productivos, algo que el kirchnerismo omitió en aquella intentona. El plan (¿oficial?) también habla de fijar cupos de exportación para granos, lácteos y carnes . En realidad, el secretario Guillermo Moreno determina hoy cuándo abre o cierra la canilla exportadora de esos tres sectores. La diferencia es que el nuevo esquema habla de fijar esos cupos de manera anual, y a partir de calcular primero las necesidades internas. Es decir, aportaría previsibilidad sobre los saldos exportables. Es una admisión tardía de que el estilo Moreno provocó la distorsión que perjudicó por cifras millonarias a los productores en favor de otros sectores. Quizás la mayor novedad es que se propone dividir a los compradores de granos en dos tipos, como si fueran frigoríficos: los exportadores y los “consumeros”. Se trata de una vuelta de tuerca al anteproyecto para favorecer a las cooperativas con una mayor porción de negocios, pues se les reservaría todo el negocio que no sea la exportación. De una cosecha de 95 millones de toneladas, el país exporta 75 millones. Y 20 millones quedan aquí. Este punto hilvana con otro eje del plan: derivar las millonarias compensaciones que la ONCCA pagaba a molinos y avícolas a esas cooperativas, para que estas vendan más barato los granos al mercado local. Se sumaría este subsidio al que suponen las retenciones, que abaratan esos insumos del 20 al 35%, según el cultivo. El supuesto programa finaliza proponiendo “un plan de trabajo conjunto entre el Estado, vía el INTA, y los productores para seguir incrementando los rindes de producción”, con ánimo de llegar a una cosecha de 150 millones de toneladas en 2020. Resulta difícil imaginar que los productores aplaudan esta iniciativa si, como sucedió en 2008, se imponen recetas sin consenso que profundizarían una intervención estatal que hasta ahora generó cortocircuitos de todo calibre, sin lograr el pretendido objetivo de controlar el precio interno de los alimentos. |
