| Para frenar la presión de los ruralistas y de las bolsas de cereales, el Ministerio de Agricultura informó que hoy se liberará la exportación de 300.000 toneladas de trigo y la semana próxima se anunciará la apertura de otros dos millones de toneladas. Con la campaña ya iniciada, de la que se espera cosechar un total de 12,7 millones de toneladas, el Gobierno no había dado señales aún respecto de cuánto trigo iba a autorizar a exportar, teniendo en cuenta que el mercado doméstico consume unos seis millones de toneladas. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió ayer con Fabián Francioni, intendente de la localidad cordobesa de Leones, tradicional plaza triguera del centro del país, a quien le informó que a partir de hoy se autorizaba la entrega de registros de operación de exportaciones (ROE) verde para vender 300.000 toneladas del cereal. Domínguez también se comunicó con intendentes de la provincia de Buenos Aires, en donde se produce el 60% del trigo del país, para intentar llevarles tranquilidad respecto de que se autorizarán exportaciones por dos millones de toneladas y, en pocas semanas, se añadirán entre 2 y 2,5 millones de toneladas más. La ronda de llamadas de Domínguez coincide con el anuncio de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) de comenzar a organizar asambleas de productores para analizar las trabas que pesan sobre la comercialización del cereal. Ayer, la Comisión de Enlace le pidió una audiencia al ministro Domínguez para reclamarle la apertura del mercado. No hubo una carta formal, sino una llamada del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, al titular de la cartera agrícola. Esa gestión fue respaldada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati. En Agricultura no confirmaron haber recibido el pedido de los ruralistas. En su estrategia de diferenciarse del resto de las entidades colegas, la Federación Agraria Argentina (FAA) reclamará al Congreso que investigue la transferencia de ingresos de los productores a la industria molinera y a los exportadores por las restricciones a las ventas externas del cereal, que eliminaron la tradicional competencia por abastecerse de la materia prima entre los dos sectores de la cadena triguera. Según diversos estudios, la distorsión entre el precio que efectivamente se le paga al productor y el que están en condiciones de pagar la industria y los exportadores es de 40 dólares por tonelada. La intervención en el mercado comenzó en 2006, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, exigió a exportadores y molineros que no pagaran más de un determinado precio. Dos años después, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) creó los llamados ROE verde para controlar las exportaciones. El argumento es que se debía desacoplar el valor internacional del trigo respecto del local para que no aumentara el precio del pan. La protección, según los productores, no benefició a los consumidores, ya que el precio del pan siguió incrementándose al ritmo de los aumentos del costo de vida, y se beneficiaron los sectores que tuvieron el mercado protegido. Pese a que el Ministerio de Agricultura tiene intención de conseguir una mayor apertura, Moreno sigue teniendo injerencia. En los últimos días trascendió el rumor de que el funcionario había ordenado a los exportadores comprar trigo de la provincia del Chaco. |
