La titular de la comisión de Legislación General, diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), adelantó en declaraciones a El Parlamentario, que convocará a un plenario de comisiones para el próximo 2 de junio para tratar los proyectos de ley que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros.
Sobre el tema hay en danza 11 iniciativas, incluida la recientemente enviada a la Cámara de Diputados por la Presidenta de la Nación. En todos los casos la comisión cabecera de los proyectos es la que preside Ibarra, con giro además a la Comisión de Agricultura y Ganadería que timonea el tucumano Juan Casañas (UCR).
Desde que se conoció el proyecto del Ejecutivo, hubo distintas lecturas acerca de si la propuesta de la presidenta al Parlamento incluía o no en sus limitaciones los arrendamientos por parte de personas extranjeras.
“Los arrendamientos no están contemplados” en el proyecto, señaló a El Enfiteuta, el Dr. Julio Vitale, asesor del ministro Julián Domínguez, quien condujo la coordinación técnica del equipo que llevó adelante la tarea de redactar la propuesta legislativa.
Vitale explicó que la iniciativa que se planteó al Parlamento pone todo el eje en la titularidad de las tierras. Y que eventualmente una restricción para el acceso a esa tierra a partir de los alquileres debería encararse mediante una modificación de la ley de arrendamientos rurales y aparcerías.
De las diversas opiniones que recogió El Enfiteuta desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío del proyecto al Congreso, la gran mayoría coinciden en que la iniciativa del Ejecutivo resulta superadora a las ya existentes.
“El proyecto del Ejecutivo resuelve básicamente dos problemas”, apuntó Vitale, que no quedan zanjados con la decena de iniciativas parlamentarias en vigencia. La primera es la realización del relevamiento catastral y dominial “para determinar quiénes son los dueños de la tierra”, remarcó el abogado.
Sobre la superficie actual en manos extranjeras se habla de más de 6 millones de hectáreas, y hasta 17 millones según datos que ha difundido la Federación Agraria, pero “en verdad no se sabe”, aclaró Vital. De allí la importancia del relevamiento, más la creación del Registro, algo que sí se contempla en los demás proyectos.
El segundo punto que resuelve la iniciativa de Presidencia era tal vez más complejo desde el punto de vista técnico. El principal argumento en contra de los proyectos de ley en Diputados fue siempre la libertad que establece la constitución a las personas que quieran habitar el suelo argentino.
Pero ese planteo de inconstitucionalidad quedaría desarticulado dado que la ley propuesta por el PEN “no prohíbe, sino que regula y limita” la adquisición de la tierra, subrayó Vitale.
El otro escollo que salva la iniciativa de Presidencia pasa por los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) donde la Argentina asumió compromisos con distintos países. Existen alrededor de 57 TBI firmados por la Argentina que hacían difícil avanzar en leyes sobre los límites a la extranjerización.
Pero con la ley del Ejecutivo, se aclara en uno de los artículos que “la compra de tierras no es inversión” toda vez que se trata de un recurso no renovable. “Sí en cambio es una inversión lo que se haga con ella a nivel productivo”, precisó Vitale.
En la reunión plenaria a la que convocaría la presidencia de Legislación General junto con Agricultura y Ganadería sería invitado el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto con su equipo para explicar los alcances del proyecto, según adelantó la diputada Vilma Ibarra.
