La decisión del gobierno nacional de redoblar su intervención en el mercado del trigo mediante decisiones discriminatorias, creando hijos y entenados, perturba su comercialización interna y externa y, teniendo en cuenta el inminente fin de la temporada de siembra del cereal, se ha reiterado su disminución respecto de etapas anteriores al kirchnerismo.

En lugar de modificar la política triguera para volver a sembrar seis millones de hectáreas, se confirma el cultivo de sólo 4,2 millones, cien mil menos que las del ciclo último. La contundente derrota electoral del oficialismo en los comicios de Santa Fe ha motivado decisiones tanto del gobierno nacional como del gobernador de Buenos Aires, temerosos de que los distritos rurales reiteren la experiencia santafecina.

El gobierno nacional ha dispuesto la asignación de una cuota de exportación de 450.000 toneladas por asignar en cantidad de 300.000 a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a Agricultores Federados Argentinos (AFA) que será adquirida a pequeños productores. Y las restantes 150.000, a productores de Entre Ríos.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, donde se produce el 60 por ciento del trigo, propuso adelantar la información sobre los stocks existentes del cereal, información destinada a conocer las disponibilidades para el abastecimiento local con la esperanza de que sólo en febrero próximo se den las condiciones para abrir la exportación sin limitaciones, como reclaman los productores.

El sistema de cuotas de exportación ha distorsionado de tal manera el mercado que redujo el precio del cereal en relación con la cotización normal, estimada sobre la base del precio internacional menos los derechos de exportación y gastos comerciales, en el orden de los 40 a 50 dólares por tonelada.

La distorsión ha sido tan importante que no sólo se trata de la reducción de los precios, sino de una virtual dificultad para concretar operaciones de venta del grano. El escenario descripto no ha logrado convencer al Gobierno de la inconsistencia de su propósito de desacoplar el mercado interno del exterior, para mantener el precio del pan en 2,5 pesos por kilo, que hoy los consumidores abonan a siete u ocho pesos. O también el precio de la harina, requerido para decenas de preparaciones habituales de la mesa familiar.

La larga experiencia existente en estos mercados de alimentos en nuestro país y en el mundo ha mostrado la inconsistencia de estas recetas intervencionistas, que en este caso, según la descripción expresada más arriba y otras anteriores a partir de 2006, no registra antecedentes por la variedad e intensidad de los instrumentos utilizados.

La legítima reacción de los productores pone de manifiesto la insuficiencia de la apertura limitada de las exportaciones, como también la discriminación que representa la asignación privilegiada de los mencionados contingentes del cereal a dos protagonistas en lugar de exponer las ventas externas a la competencia entre las empresas exportadoras.

La creciente producción rural ha provisto significativos aportes al país y a la administración kirchnerista como para que se sigan recorriendo caminos equivocados, a menudo impregnados de conductas revanchistas.