Diputados oficialistas y de diferentes fuerzas de la oposición se reunieron hoy para debatir la posibilidad de implementar una legislación tendiente a restringir la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, convocó a los presidentes de las comisiones de Agricultura y de Asuntos Constitucionales para tratar el proyecto oficialista sobre el tema (denominado “proyecto de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”).
Pero los titulares de las comisiones de Agricultura Juan Casañas (UCR) y de Asuntos Constitucionales Graciela Camaño (PJ Federal) decidieron no convocar a sus respectivos cuerpos al considerar que no estaban dadas las garantías, por parte del bloque oficialista del FpV, para tratar los restantes proyectos presentados por diferentes partidos de la oposición.
De todas maneras, un grupo de diputados opositores se presentaron en el debate para tratar el tema con sus pares del bloque oficialista.
La síntesis del encuentro –que se extendió durante más de cuatro horas– es que todos –todos– están de acuerdo en que el Poder Legislativo debe instrumentar una norma para evitar que un recurso estratégico, como la tierra productiva, se concentre en pocas empresas y que éstas además sean extranjeras.
Pero quedó claro –incluso para algunos diputados oficialistas– que, al tratarse de una cuestión tan compleja, no le serviría a nadie que un proyecto sobre el tema obtenga dictamen sin haberse estudiado en profundidad cada uno de los aspectos contemplados en los mismos (lo que hoy puede parecer algo estupendo en términos políticos, mañana puede resultar un obstáculo insalvable para atraer inversiones productivas en muchas regiones del país).
Vale recordar que, además de la iniciativa presentada por el gobierno nacional, existen otros proyectos presentados por el bloque del Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el PRO y la UCR, entre otras fuerzas.
Una de las principales limitantes para coordinar el debate es que la Argentina no dispone de ningún registro nacional ni provincial que permita verificar la cantidad o el porcentaje de tierras productivas en manos de extranjeros (el proyecto oficialista establece un límite “del 20% a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional” sin fundamentar sobre qué se sustenta ese porcentaje).
Otra de las observaciones realizadas es que el proyecto oficialista incluye en las restricción de compra a las “personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina”. Y esto contradice claramente lo establecido en el Preámbulo de la Constitución Nacional.
El proyecto oficialista además establece un límite de 1000 hectáreas para las tierras rurales que puedan estar en manos de un mismo titular extranjero. Pero en el debate se indicó que el límite debe estar sujeto a las condiciones particulares de cada zona. La iniciativa tampoco contempla restricciones a las compras de tierras de frontera (sólo indica que esas operaciones deberán contar con “el consentimiento previo del Ministerio del Interior”).
La diputada Vilma Ibarra indicó que volverá a convocar a sus pares de las comisiones de Agricultura y de Asuntos Constitucionales para tratar el tema la semana que viene.
En la actualidad ni el bloque del Frente para la Victoria ni las diferentes fuerzas legislativas de la oposición cuentan con mayoría suficiente para promover la aprobación de sus propios proyectos sin llegar a un acuerdo con la contraparte.
