El acuerdo firmado el lunes entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), que prevé la implementación a nivel nacional de tarifas básicas obligatorias para los fletes agrícolas, generó el rechazo de las entidades rurales.
A través de un comunicado conjunto, las instituciones que representan a los dadores de cargas se manifestaron en contra de la validez del convenio, por considerarlo violatorio de la ley nacional que fija la libertad de tarifas.
La Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales amenazaron con recurrir a la Justicia, si el convenio se materializa en la práctica.
¨El acuerdo es claramente violatorio de la ley que rige el autotransporte de cargas en el orden nacional, donde se sostiene la libertad de tarifas y contratación como bases fundamentales de sus disposiciones, al igual que en todas las legislaciones provinciales. Es de toda nulidad cualquier acto que obligue al Estado a quebrantar una ley nacional y, más aún, la Constitución Nacional”, fundamentaron las entidades.
Fijación y control. El nuevo esquema para los fletes agrícolas, a través del cual el Gobierno logró destrabar la toma que Fetra –vinculada al líder sindical Hugo Moyano– realizó de los puertos de Rosario y de Buenos Aires, contempla la fijación de un precio básico tarifario.
De acuerdo con lo informado por el titular de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, una comisión comenzará a trabajar en la fijación de las tarifas, las que serán comunicadas en los próximos días.
El valor de referencia quedará consignado en la carta de porte y será auditado y controlado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). “Esto va a evitar tarifas por debajo del piso, va a garantizar que no existan las políticas que están existiendo hoy en muchos casos”, afirmó Schiavi.
La regulación de las tarifas es un viejo anhelo que tiene el transporte de granos a nivel nacional, aunque varias entidades del sector objetan la forma con la que el Gobierno definió la puesta en marcha de un precio básico. “Está la sensación de que el acuerdo ya estaba cerrado. No es algo que se consigue con la toma de los puertos rosarinos por un par de horas”, denuncian sus críticos. Recuerdan que en los últimos cinco años hubo entidades del transporte de cargas que hicieron presentaciones ante la Nación para regular las tarifas y no tuvieron eco. Más allá de estar de acuerdo con el mecanismo, advierten que los valores deberán contemplar la realidad de los transportistas de todo el país.
En Córdoba, la semana pasada los transportistas y los representantes de los dadores de cargas habían acordado una actualización del 20 por ciento en el valor de las tarifas orientativas (no obligatorias) para el traslado de granos. En Santa Fe, las partes habían convenido en septiembre un reajuste del 17 por ciento, mientras que en la provincia de Buenos Aires la suba fue del 15 por ciento.
El abril pasado, el Gobierno de Córdoba promulgó el decreto 560, que reglamenta el transporte de granos en la provincia. Sin embargo, su contenido está siendo analizado por la Justicia, ante un pedido de cámaras empresarias de considerarlo inconstitucional.
Un nuevo conflicto
Acuerdo. El Gobierno nacional y una federación de empresarios del transporte de granos (Fetra) acordaron el lunes la fijación de tarifas a nivel nacional.
Objeción. Las entidades que agrupan a los dadores de cargas advierten que cualquier intento de regulación del transporte de granos es violatorio de la ley nacional vigente, que dispone de tarifas libres. Amenazan con ir a la Justicia.